Criminalizar la migración: el peligroso camino que está tomando la policía chilena

El 4 de agosto, el general director de Carabineros, Gustavo González, presentó en la comisión de seguridad un informe que da cuenta, por una parte, de la identificación de aquellas zonas donde residirían migrantes “ilegales” que han cometido o estarían propensos a cometer delitos, y a continuación, indica la propuesta de un plan de traslado masivo de estas personas, en coordinación con la PDI y el Departamento de Extranjería.

La elaboración, difusión y recepción por parte de las autoridades del Ministerio del Interior y de senadores, da cuenta del profundo desconocimiento y prejuicio que hay respecto de los migrantes en Chile. Es necesario enfatizar tres afirmaciones que contradicen el fondo de la propuesta de este informe, y que dejan al descubierto prácticas que buscan instalar la sospecha y la criminalización de las personas migrantes en el país.

Primero, existe el derecho de las personas a migrar. Todo ser humano que lo desee puede cruzar las fronteras para desarrollar un proyecto de vida en un país distinto al que nació, ya sea por razones laborales, amor, estudios, búsqueda de seguridad, etc.

Segundo, la condición de irregularidad es un estatus administrativo producto muchas veces de la rigidez de las normativas nacionales. En el caso de Chile, la mayoría de los extranjeros debe presentar un contrato de trabajo para solicitar una visa, la que podrá transformarse en una residencia definitiva, si la persona acredita que ha estado trabajando ininterrumpidamente durante dos años seguidos. Dado que la mayoría de extranjeros logra acceder solo a trabajos precarios y sin contrato, obtener los papeles de residencia se transforma muchas veces en un problema insalvable.

El problema es que este informe de la policía asocia conceptos que no están ni deben relacionarse: irregularidad-ilegalidad-delincuencia y migrantes. De acuerdo a la propuesta de la policía, no tener papeles sería igual a ser un delincuente y, por tanto, es necesario expulsarlos. Es más, el informe plantea que la sola condición de irregularidad los pondría en una situación de “posibles delincuentes” y, por lo tanto, también habría que expulsarlos.

Tercero, la condición de irregularidad no es un delito, no está tipificado como tal ni en la normativa internacional ni en la legislación nacional. Perder el empleo y, por tanto, la visa sujeta a contrato, sobrepasar la fecha estampada en el pasaporte y una serie de otras razones que dejan a la persona en una situación irregular, no son un delito ni convierten a la persona en sospechosa. Incluso en el caso de quienes entran en forma clandestina al país (lo que sí está tipificado como delito), existe el derecho a un debido proceso penal y, como consecuencia de éste, a una sentencia condenatoria que así lo establezca.

Esta asociación es crítica por las consecuencias que genera. Asumo que la policía y el Departamento de Extranjería conocen lo difícil que resulta para migrantes de diversos orígenes nacionales obtener una residencia regular. De ahí que este informe devela más bien una lógica de criminalización de la migración, que sienta las bases argumentativas para fundamentar la expulsión de aquellos migrantes en condiciones de mayor precariedad. Hoy son los migrantes más vulnerables, y el día de mañana pueden ser los migrante de color. De hecho, el general director anuncia que serían personas provenientes de Haití, República Dominicana y Honduras los extranjeros en esta condición. Muy peligroso el camino que está tomando la policía.

Por: Carolina Stefoni, doctora en socióloga, Directora del Departamento de Sociología, Universidad Alberto Hurtado para El Mostrador.