Niños y niñas en situación de migración. Salud: ¿Derecho?
“Todos tenemos derecho a que nos atiendan los doctores”, “Una vez un doctor me dijo: ¿qué tenís´ ahí, mugre?, pero así es mi piel…” “A veces mi mamá me cuida en la casa no más, no me lleva al hospital porque no nos atienden nunca”, “me dolía la pancita, mi mamá no tenía mi carné y la señora le dijo devuélvete a tu país entonces…”
Son palabras de niños y niñas extranjeros, mientras pintan dibujos y carteles para una marcha en la Plaza de la Ciudadanía, el pasado 15 de octubre de 2014 y convocada por la Corporación Colectivo Sin Fronteras, para exigir sus derechos, específicamente el de salud.
Dicha acción nace luego de conocer la noticia de un bebé boliviano de 9 meses que murió en Arica por no recibir atención médica. Sus padres, doña Verónica Limari Quispe y don Wilmer Choque Ayno señalaron a las autoridades y medios de comunicación que el niño presentaba un cuadro diarreico, por lo que lo llevaron a la posta de San Miguel de Azapa. El médico de turno los derivó al Hospital de Arica para “una mejor atención”, debido a la gravedad del cuadro. En este lugar les cobraron $30.000 pesos, como los padres no contaban con el dinero para pagar, se les negó la atención.
¿Y si esto me pasa a mí, o a mi hermana?, dice una niña de origen peruano mientras sostiene un dibujo en el medio de la Plaza de la Ciudadanía. Ella, junto a otros niños y niñas fueron a exigirle al Estado que, en su rol de garante principal, defienda un derecho humano universal: recibir prestaciones oportunas de salud (Artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño, ratificada en Chile en 1990).
“Es que la gente que está “ilegal” (irregular) no puede inscribirse…”, señala una colega en una reunión. El Consejo Asesor Presidencial para la Reforma de las Políticas de Infancia en el año 2006 propuso que “los niños y niñas extranjeros o hijos de padres/madres extranjeros accedan a los mismo servicios y prestaciones propuestas para los niños y niñas chilenas (…) y que se les resguarde de cualquier discriminación en este acceso, independiente de la situación legal de migración de sus padres y madres.” En el año 2007 se celebra el Convenio de Colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, el cual expresa claramente “el compromiso del Estado de Chile con la no discriminación y el respeto de los derechos humanos”, enviando un instructivo a cada centro de salud de nuestro país.
Si el Convenio se encuentra vigente… ¿Por qué muere un niño esperando atención médica? ¿Cómo es posible que le hayan negado este derecho? ¿Por qué existe ese trato inhumano hacia un migrante? En las atenciones sociales ambulatorias que realicé en distintas comunas de Santiago, recibí varias denuncias de madres y padres migrantes respecto de ciertas prácticas abusivas en el ámbito de la salud. Señalan “desconocer” el Convenio, indicándoles que no existe tal o en su defecto, solicitan documentos que no son necesarios para la inscripción, además de dinero. “Me pidieron un informe de asistente social…”, “me cobraron $35.000 para atender al niño, yo no tengo esa plata”, “la señorita dijo acá no hay convenio vaya a otro lado…”.
Pienso en la difícil situación de la salud pública de nuestro país, y las dificultades que viven día a día nuestros niños y niñas de sectores vulnerables: largas horas de espera, escasas o nulas horas con especialistas, infraestructuras inadecuadas. Los niños y niñas extranjeros, aparte de sortear estas dificultades, deben luchar contra la discriminación y prejuicios para poder acceder al sistema de salud.
Urge entonces un mayor compromiso de las autoridades para instruir adecuadamente a sus funcionarios y profesionales de los diversos Convenios existentes en relación a la infancia en situación de migración, con el fin de construir una sociedad que cuente con condiciones legales, sociales y culturales que garanticen el cumplimiento de estos derechos. Es la misma sociedad civil la encargada de reivindicar instancias que permitan fortalecer la integración y la convivencia intercultural, que va de la mano con el reconocimiento de la diversidad y los derechos humanos.
Definitivamente es preciso sancionar y denunciar las malas prácticas en el sistema de salud ante las entidades correspondientes. Es fundamental que las autoridades fortalezcan los acuerdos y políticas publicas relacionadas con los derechos de infancia en situación de migración y que cuenten con estándares de acceso no discriminatorios no solo en salud, sino también en educación, vivienda, entre otros.
No podemos permitir que otro niño muera a causa de la discriminación y la exclusión social, nunca más.
Columna de Carmen Huenchumil Jerez. Trabajadora Social, área infancia.
Para: www.uchileindigena.cl